Categoría: RBL

La reciente Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2.018 matiza el criterio que había mantenido hasta ahora el Tribunal Supremo, avalando la validez de los acuerdos firmados entre la banca y los afectados por las cláusulas suelo; acuerdos consistentes en que los clientes renuncien a interponer demanda ante los juzgados reclamando las cantidades ya abonadas por la aplicación de la cláusula suelo, a cambio de que la entidad financiera rebaja o suprima la cláusula suelo.

La clave de esta sentencia radica en que el Tribunal Supremo considera que esta clase de contratos no son novaciones, sino transacciones “en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos contratos originales, después de que se hubieran dictado la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, y los posteriores autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones, y en ellos se advierte la causa propia de la transacción: evitar una controversia judicial sobre la validez de estados concretas cláusulas y sus efectos”. Esta sentencia entiende que las circunstancias que caracterizarían la diferencia entre novación y transacción son la situación de incertidumbre y el “animus” de evitar el pleito realizando concesiones recíprocas con el fin de alcanzar un acuerdo que convierta la incertidumbre en seguridad.

En otras palabras, la diferencia entre novación y transacción radica en que la primera es una mera modificación de uno de los elementos del contrato, mientras que la segunda es un acuerdo entre las partes en el que cada una de las partes, dando o prometiendo algo, evitan un pleito. Y su consecuencia jurídica es que la novación de una obligación nula sigue siendo nula; mientras que, según establece esta sentencia del Alto Tribunal, la transacción es válida, aunque fuese nula la obligación sobre la que se transige.
Generalmente, en la mayoría de los acuerdos firmados son de carácter novacional, siendo escasos los acuerdos que cumplen las condiciones para ser considerados transaccionales. Por lo tanto, habría que analizar cada caso concreto a la hora de decidir si reclamar judicialmente.

La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia de 18 de mayo de 2016 reconoce el derecho a compensar los días trabajados el 24 y/o 31 de diciembre, lo que resuelve el perjuicio causado frente al resto del personal para los que, aunque no trabajasen esos días, también se les reconocía como jornada trabajada.

El artículo 74.4 de la Ley 1/2012 dice “Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de no laborable, debiendo quedar los servicios sanitarios cubiertos. Dichos días se considerarán como jornada trabajada, a efectos del cómputo de la jornada ordinaria anual. El personal que como consecuencia de la organización de los servicios sanitarios debe realizar su jornada laboral ordinaria en los citados días, tendrá derecho a los descansos compensatorios correspondientes“.

De esta regulación, se viene a establecer:

• Los días 24 y 31 de diciembre son días no laborales
• Dada la necesidad asistencial sanitaria, existen profesionales que deben asumir las funciones correspondientes a sus actividades profesionales.
• Todos los trabajadores, presten o no servicios los días 24 y 31 de diciembre, tienen derecho a que se compute como jornada efectiva de trabajo.
• Los trabajadores que presten servicios los días 24 y 31 de diciembre, tienen derecho a compensar las horas trabajadas en dichos días.

La administración demandada en este caso, optó por compensar con dos días a todos los trabajadores, presten o no actividad laboral efectiva los días 24 y 31 de diciembre, lo que sirve para el cómputo de la jornada para todos los trabajadores sin distinción. La administración autonómica indica que en las carteleras de todos los trabajadores aparecen dos días con la letra C.

Pero la norma contiene una regla especial, y es exclusiva de aquellos profesionales que efectivamente trabajen el día 24 y/o 31 de diciembre, en el que se ha de compensar esta jornada que no es laborable para todos los trabajadores, y que las necesidades del servicio obligan a cubrir. De seguirse la tesis de la administración demandada, los trabajadores que hubieran trabajado el día 24 o 31, habrían realizado una jornada de trabajo adicional al resto de compañeros, no compensable, que es precisamente lo contrario de la normativa de aplicación.

Todos los trabajadores disponen de dos días por no ser laborales los días 24 y 31 de diciembre, pero a las trabajadoras que han prestado servicios en día 24 y/o 31 de diciembre, se les compensa con la letra C. Si es un derecho de todos los trabajadores, no se está compensando el trabajo de los dos días indicados.

En el presente caso, a la trabajadora demandante le correspondía trabajar los días 24 y 31 de diciembre de 2014, y debe figurar como día de descanso compensatorio por haber trabajado en dichos días, la letra C, por este motivo la sentencia indicada estima el recurso contencioso.

En los últimos días hemos sido testigos de una cruenta disputa jurídica a raíz de la publicación, por parte de uno de los contendientes, de una noticia que aseguraba que el Tribunal Supremo atribuía una relación funcionarial de carácter permanente a empleados públicos interinos por el hecho de llevar más de tres años ocupando una vacante.

Una vez analizadas las sentencias del Tribunal Supremo que generaron la controversia, podemos concluir que no existe ninguna sentencia del Tribunal Supremo que atribuya una relación estatutaria fija a interinos.

Las dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se refieren exclusivamente a personal laboral interino y se limitan a equiparar al personal laboral interino por vacante y al personal laboral indefinido no fijo en cuanto a la imposibilidad de considerar la amortización de la plaza que ocupan como causa extintiva de los mismos al margen del procedimiento de extinción contractual regulado en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Por lo tanto, toda la jurisprudencia citada, se refiere exclusivamente, al personal laboral del sector público, de modo que no es aplicable al personal estatutario interino ni al personal funcionario interino.

Los regímenes especiales se encuentran regulados en el Título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes y sobre el Patrimonio, en adelante, LIRPF.

En concreto nos vamos a centrar en los siguientes regímenes especiales:

• Imputación de Rentas Inmobiliarias,
• Imputación de Rentas en materia de Transparencia Fiscal Internacional,
• Régimen Fiscal Especial aplicable a los Trabajadores desplazados a territorio español y,
• Ganancias Patrimoniales por cambio de Residencia

1. Imputación de Rentas Inmobiliarias

La Imputación de Rentas Inmobiliarias se encuentra regulada en el artículo 85 de la LIRPF, dicho regímen de imputación de rentas ha sido “recientemente” modificado. Esta modificación ha consistido fundamentalmente en:

1. Fijar un porcentaje reducido de 1,1% para los casos de inmuebles situados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados en el período impositivo o en los diez años anteriores.
2. Fijar un porcentaje reducido de 1,1% en el caso de inmuebles carentes de valor catastral o que dicho valor no hubiese sido notificado al titular. Este porcentaje se aplicará sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de adquisición.

 

1. Imputación de Rentas en materia de Transparencia Fiscal Internacional

La imputación de este tipo de rentas se regula en el artículo 91 de la LIRPF. Las principales novedades que se han introducido en materia de Transparencia Fiscal Internacional, han sido entre otras las siguientes:

1. Los contribuyentes tendrán la obligación de imputar las rentas obtenidas por una entidad no residente en territorio español cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 91.1 letras a) y b).
2. En caso de no resultar procedente la imputación total, sólo se imputarán las rentas positivas derivadas de las fuentes de renta señaladas en el apartado 3 del artículo 91.
3. Desaparece la elección respecto al período de imputación de las rentas, al resultar imperativo su imputación al período impositivo de conclusión del ejercicio social.
4. En relación a la información que ha de presentarse junto con la declaración del IRPF, relativa a la entidad no residente, se incluye la referencia al domicilio fiscal y la memoria de las cuentas anuales.
5. Se establecen los requisitos necesarios para excluir del régimen de transparencia a las entidades no residentes en territorio español pero residentes en otro Estado de la Unión Europea.

III. Régimen Fiscal Especial aplicable a los Trabajadores desplazados a territorio español

La imputación de estas rentas está regulada en el artículo 93 de la LIRPF, y las principales modificaciones existentes en este regímen son las siguientes:

1. No es de aplicación a las relaciones laborales especiales de los deportistas profesionales.
2. Es de aplicación al supuesto de administradores de una entidad en cuyo capital no participen o, en la que su participación no determine la consideración de entidad vinculada de acuerdo con el artículo 18 del Impuesto sobre Sociedades.
3. Desaparición de alguno de los requisitos anteriormente exigidos: que los trabajos sean realizados efectivamente en España, que se efectúen para una entidad residente en España o para un establecimiento permanente de un no residente…
4. A efectos de determinar la deuda tributaria del IRPF y la liquidación del Impuesto se aplicarán las reglas del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con las especialidades del artículo 93.2 .

 

1. Ganancias Patrimoniales por cambio de Residencia

 

La regulación de este regímen la encontramos en el artículo 95 bis de la LIRPF, y sus principales novedades son las siguientes:

 

1. Cuando el contribuyente pierde su condición por cambio de residencia se considerará ganancia patrimonial la diferencia positiva entre el valor de mercado las acciones o participaciones y su valor de adquisición siempre que hubiese tenido la condición de contribuyente del IRPF al menos durante 10 de los 15 años anteriores y concurra cualquiera de las circunstancias del apartado 1 del artículo 95 bis.
2. Se considerarán parte de la renta del ahorro y se imputarán al último período impositivo que deba declararse el Impuesto.
3. Para el cómputo de la ganancia patrimonial se tomará el valor de mercado a la fecha del devengo del último período impositivo en que deba declararse el impuesto de acuerdo con lo establecido en apartado 3 del artículo 95 bis.
4. Si el cambio de residencia a un país o territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal, tiene carácter temporal y se produce por motivos laborales; o por cualquier otro motivo siempre que en este caso el desplazamiento temporal se produzca a un país o territorio que tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 95 bis.
5. Si el obligado tributario adquiere de nuevo la condición de contribuyente del IRPF sin haber transmitido los valores se podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación al objeto de obtener la devolución de las cantidades ingresadas, junto con los intereses de demora.
6. Si el cambio de residencia es a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, el contribuyente podrá optar por aplicar alguna de las especialidades del artículo 95 bis.6.
7. Este régimen también será de aplicación cuando el cambio de residencia se produzca a un país o territorio considerado paraíso fiscal y el contribuyente no pierda tal condición. En este supuesto se aplicaran las especialidades del apartado 7 del artículo 95 bis.

 

¿Es obligatorio acudir a la mesa electoral?, es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos cuando, a pocas semanas de las elecciones, les llega la tan temida comunicación por la que deben formar parte de la mesa electoral.

Atendiendo a la normativa vigente, la considerada inexcusable obligación de acudir a la mesa, no es tan inexcusable como en un principio pudiera parecer. En el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se establece que “los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo”. Al analizar este artículo comprobamos que no proporciona, expresamente, causas que realmente excusen al afortunado ciudadano de acudir a tan importante cita.

Esto, provoca una segunda pregunta: ¿Cuáles son las causa por las cuales se puede evitar acudir a la mesa electoral?

La Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales, reconoce una serie de causas por las que, sin perjuicio de alegar alguna otra, se logra evitar cumplir con tan honorable deber.

Estas causas se encuentran clasificadas en:

Causas relativas a la situación personal:
– Ser mayor de 65 años
– Ser mujer con más de 6 meses de embarazo
– Tener una operación programada para los días anteriores o el día siguiente al día de las elecciones siempre que resulte inaplazable
– Etc.

Causas relativas a las responsabilidades familiares:
– Ser madre en período de lactancia
– El cuidado por razones de guarda legal de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial
– La concurrencia en el día de las elecciones de eventos familiares de especial relevancia que resulten inaplazables
– Etc.

Causas relativas a las responsabilidades profesionales:
– Tener que prestar servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales
– Tener que prestar servicios esenciales de la comunidad de importancia vital (médico, sanitario, protección civil)
– Etc.

Una causa perfectamente justificada que impide aceptar el cargo para el que fue designado, siempre que pueda ser convenientemente documentado y acreditado, es, por ejemplo, tener que prestar servicios como trabajador en el extranjero, ya que de esta forma no resultaría posible acudir a desempeñar dicho cargo, o tener contratado un viaje que coincida con las fechas de celebración de las elecciones.

En definitiva, no existe la obligación absoluta de acudir a la mesa electoral una vez que se ha sido seleccionado para ello, sino que, se pueden alegar causas que de ser apreciadas por la Junta Electoral de Zona, evitarían el cumplimiento de este deber ciudadano.

Con el objetivo de adaptarse mejor a los diferentes dispositivos, publicamos nuestra nueva página web. Incluye una sección de noticias de actualización periódica.